Recientemente se ha abierto un debate sobre la exacerbada concentración de la riqueza y la necesidad de que los más ricos tengan una mayor contribución en el presupuesto. En México, preocupa la baja recaudación fiscal (16% sobre el PIB, 18 puntos por debajo de la media de la OCDE), así como su poca progresividad. Por ejemplo, los impuestos al ingreso representan sólo el 43% del total de la recaudación.
Esta discusión cobra relevancia al enfrentar la mayor crisis económica, probablemente más grande que la de los años 30 del siglo pasado. Los ciudadanos y algunos políticos por experiencia saben que los que más sufrirán son los más pobres. A la salida de esta crisis probablemente habremos dado otro “estirón” al nivel de desigualdad.
Al abordar el problema de la desigualdad, la primera dificultad surge al tratar de entender la diferencia entre dos conceptos muy distintos: ingreso y riqueza. Si bien existe mucha información sobre el primero, incluso indicadores ya muy “socializados”, por ejemplo el coeficiente de Gini, respecto de la riqueza, existe muy poca información. No hay consenso de cómo abordarla. Sólo algunos países cuentan con estadísticas y éstas muchas veces no pueden cubrir el espectro completo de la riqueza de una persona.
Por lo tanto, el paso previo a las definiciones de política es la correcta medición. En una nota previa comenté la complejidad de medir la riqueza en el siglo XXI, en especial su “deslocalización” y por ende la dificultad para las haciendas locales en fiscalizar. En los países desarrollados, aunque existe mucha más información, la riqueza de las familias cada vez más está basada en activos financieros, más difíciles de rastrear. Por ejemplo, en Estados Unidos, los activos financieros representan más del 70% del total (para el 1% de los más ricos), en Francia y Alemania es más del 50%, como puede verse en el reciente reporte de Credit Suisse.
Ya previo a esta crisis y como resaca de la anterior (2008), se tenía una discusión académica sobre cómo fiscalizar las grandes fortunas, Piketty, en su libro El Capital en el Siglo XXI, y otros han propuestos tasas que van hasta el 2% de la riqueza. Abhijit Banerjee y Esther Duflo, en su nuevo libro Good Economics for Hard Times, indican que un impuesto del 2% a aquellos con riqueza mayor de 50 millones de dólares sólo generarían 0.1% del PIB. Por lo que este impuesto para que fuese relevante tendría que aplicarse también a la clase media. Por ende, aún no es claro cómo afrontar este tema y cuáles serían los impactos de gravar la riqueza en ingresos netos al gobierno. Todo esto más allá de los aspectos morales y de justicia social implícitos en este debate.
En el caso de México, la discusión sobre la distribución del ingreso tiene ya muchas décadas de estudio. Sin embargo respecto de “la riqueza” existen pocos estudios, principalmente por la poca información que existe. Por lo que es necesario generar información veraz sobre los activos de las familias. Hay que consolidar las bases de datos e identificar a los propietarios (de carne y hueso) de cada activo en el país. Para ello es fundamental el trabajo de los catastros y registros públicos (RPP’s). Es necesario crear un Sistema Nacional de la Propiedad que se actualice con información puntual de catastro y a su vez se retroalimentar con valores de transacciones reales.
A partir de éste sistema se podrá diseñar una política fiscal que contribuya de forma importante al presupuesto (federal y local). Y que también atienda el problema de la concentración de la riqueza. Esta deberá basarse en la gestión de la riqueza a lo largo del ciclo de vida. Ya sea gravando ingresos resultado de “eventos” (adquisiciones, ventas, herencias, etc.) como impuestos continuos como el predial. En México los ingresos por predial representan sólo el 0.3% del PIB. Mientras que en Estados Unidos es el 3% y el promedio de la OECD es el 2% (7 veces más que México). Por ejemplo, en la ciudad de México el predial sólo contribuye con el 7% del presupuesto de la ciudad.
Respecto de los ingresos por compra-venta de inmuebles, en muchos estados del país no es obligatorio usar avalúos para determinar los impuestos para dichas transacciones inmobiliarias. Esto, aunado a la información desactualizada de la mayoría de los catastros genera una enorme evasión. En el caso de las herencias no se gravan a ningún nivel, mientras que en prácticamente todos los países de la OCDE al menos se tasa un % de dicho ingreso.
Otro ejemplo claro es la evasión de impuestos por alquileres. Se estima que aproximadamente el 80% del parque de vivienda en alquiler no declara los ingresos. Hoy es imposible identificar que viviendas son habituales y cuales son de alquiler y por ende debiesen generar ingresos.
Se puede afianzar una nueva política fiscal con el objetivo de reducir la concentración de la riqueza enfocando los esfuerzos en estos cuatro elementos: mejora radical del impuesto predial (basado en valores reales de mercado), impuestos por compra-venta, herencias y alquileres.
Es muy complejo estimar los efectos que pudiese generar estos cuatro elementos, sin embargo, fijando algunos objetivos se podría estimar que en el caso del predial al menos se debería alcanzar un punto del PIB, en el caso de las transmisiones inmobiliarias con efectos sobre ISR, es sumamente complejo de estimar, pero al menos debería incrementar la recaudación en 0.3% del PIB. En cuanto a la gran evasión en ingresos por alquileres, podríamos incluso estimar un incremento en la recaudación de al menos un 0.2% del PIB. Hay que recordar que el parque de vivienda en renta es de 5 millones.
Por último, en el caso de los impuestos a las herencias lo vemos como un elemento fundamental para equilibrar y la riqueza a nivel intergeneracional. Es muy complicado estimar la probable recaudación por este concepto. En países desarrollados la contribución alcanza el 0.6% del PIB en Francia, 0.4% en Japón y 0.2% en España. Es fundamental para fundar un equilibrio entre generaciones. Interesante el reporte de la Universidad de Munich en este aspecto.
Estas cuatro estrategias se pueden implementar bajo esquemas sumamente progresivos, tratando de aliviar el problema de la concentración de la riqueza. Si bien su implantación requiere una sofisticada infraestructura de información, es fundamental para consolidar un modelo fiscal más justo.
En la antigua Atenas, los impuestos eran considerados un rasgo característico de la tiranía: los ciudadanos atenienses estaban exentos de ellos.
Richard Pipes. Propiedad y Libertad, Dos conceptos Inseparables a lo Largo de la Historia.