Las recientes fallas en la provisión de energía en el sureste del país reflejan la urgencia de repensar el modelo energético del país, el cual no sólo implica el abasto, sino también iniciar un debate sobre las fuentes de energía que deberán usarse en los próximos años.

Hoy la CFE se encuentra enfrascada entre el enfrentamiento con el sector privado para tratar de renegociar contratos del pasado, pero también trata de captar nuevas inversiones necesarias para potenciar la infraestructura actual.

Esto marca un escenario muy complicado para poder transmitir una señal correcta al sector privado y por otro lado, parece ser que los mercados tampoco están dispuestos a financiar en gran escala las necesidades de la CFE. Esta situación obliga a definir la estrategia para los siguientes años, donde puede haber soluciones intermedias que conjuguen intereses privados y públicos.

Es necesario explorar

Un espacio que es necesario explorar es el papel de los fondos de pensiones en el desarrollo de la infraestructura (no sólo eléctrica). Precisamente este sector podría ser el catalizador de un flujo relevante de los recursos para potenciar el sector.

El argumento central de esta nota es asumir que en el sector eléctrico (así como en muchos otros sectores del gobierno) existen rentas naturalmente monopólicas, las cuales muchas veces son transferidas a inversionistas privados, los cuales extraen dichas rentas sin que la sociedad participe y sin que en el tiempo se generen espacios más competitivos.

El sector eléctrico es un claro ejemplo de la existencia de espacios monopólicos, tal es el caso de la red eléctrica, la cual es poco factible privatizar ni fragmentar. En nichos como este, donde no hay competencia y típicamente puede haber rentas extraordinarias, es necesario repensar al tipo de inversionista que es mejor vincular. Podríamos afirmar de forma simplista que si los fondos de pensiones se beneficiasen de una renta extraordinaria, dicha situación se “democratiza” al beneficiar al grueso de los trabajadores, “vacunando” dicha situación anómala.

15 años atrás

Hace ya más de 15 años publiqué un artículo junto con otros tres colegas (J. Robert Branston, Roger Sugden y James R. Wilson), analizando lo que en aquel entonces considerábamos como la urgente transformación del sector eléctrico. Veíamos la necesidad de establecer un proceso democrático y participativo, tanto desde el punto de vista de propiedad del sector (democratizándola) como estableciendo esquemas participativos para su gobernanza, a este ejercicio lo titulamos “Generating Participation and Democracy: An Illustration from Electricity Reform in Mexico” y fue publicado en el International Review of Applied Economics, en el 2006. Mucho ha cambiado desde entonces, sin embargo, considero que los principios bajo los cuales analizamos el sector y propusimos estrategias siguen válidos… muy a mi pesar!. La presente nota intenta hilar puentes entre aquel documento y la actual situación del sector.

De lo privado y de lo público

Los últimos 30 años ha habido una gran presión por privatizar innumerables actividades que previamente eran exclusivas del gobierno. Existen algunos ejemplos exitosos, pero en su gran mayoría los resultados no han sido muy halagadores. En especial, es necesario destacar la poca participación que post-privatización tiene la sociedad civil en dichos sectores (ya sean productos o servicios). Al final muchos de estos procesos fueron forzados por crisis económicas o presiones de prestatarios (FMI, etc), entre otras. Y muchos de estos procesos se dieron en situaciones donde los sectores privatizados no contaban con contrapartes/contrapesos (reguladores, competidores, etc) preparados. En muchos de estos, rápidamente los recién privatizados tomaron un poder relevante, inhibiendo cualquier capacidad del estado o de la sociedad civil para contener su posición monopólica. Ese fue el caso en muchos sectores en México, como la telefonía, los bancos, etc.

Otro aspecto que presiona a los gobiernos para privatizar es la necesidad de capital para mantener la inversión. En aquel entonces (principios de este siglo) se estimaba que el sector eléctrico necesitaría de al menos 25 billones de dólares para su modernización. Hoy sabemos que dicha cifra es de al menos el doble. Además de que el sector sufría (y sufre) de un complejo esquema de subsidios cruzados que hace demasiado complejo el escenario para los distintos agentes sociales (por ejemplo, el subsidio a la luz residencial, al bombeo agrícola, etc)

Brecha

De cualquier forma, en aquel entonces lo que mostraba la literatura y en especial la evidencia empírica era que el nivel de eficiencia no necesariamente dependía de si la tenencia era pública o privada, sino más bien las condiciones de competencia que pudiesen existir en cada sector. En ese sentido se volvía trascendente la gobernanza del sector y la participación. Es claro que en un país donde ya se ha logrado cerrar en gran medida la brecha para aquellos que no tienen acceso a la electricidad, pasando de 13% a menos del 2% de la población, existen todavía muchas disparidades aún respecto a costos, calidad del servicio, acceso rural, etc.

De igual forma, inicia ahora la discusión sobre las fuentes de energía que deberán usarse en los próximos años (renovables vs no renovables), pero no hay comunicación entre los distintos entes, académicos, ong´s, representantes de comunidades y los tomadores de decisión.

Ya hace veinte años el sector eléctrico se encontraba totalmente desarticulado. Hay que recordar que aún existía Luz y Fuerza del Centro. Pero también había poca claridad entre el papel del estado, como productor de energía, como gestor de la red eléctrica (y su modelo de conexión), así como su rol de regulador.

Ineficiencias

El modelo actual presenta múltiples ineficiencias, por un lado la red presenta muchos problemas de pérdidas y confiabilidad en la transmisión, pasando estos problemas a los generadores de energía y usuarios. Por lo que las inversiones en la red en los siguientes años deberán ser cuantiosas.

Lo anterior, sumando a el interés de privatizar ciertos segmentos del sector, tiene un potencial riesgo, que es enfocar los recursos sólo a aquellas áreas que son económicamente rentables, dejando atrás la cobertura de zonas aisladas y canalizando la inversión sólo a proyectos rentables de autogeneración para grandes consumidores privados, los cuales típicamente son los más rentables para las compañías eléctricas.

Una estrategia que visualizamos en aquel documento del 2006, que permitía minimizar la concentración, así como la democratización de las rentas en dicho sector era usar los fondos de pensiones. En teoría los fondos de pensiones actúan como “supervisores delegados” de los trabajadores, velando por sus inversiones. Si se usan dichos fondos para los procesos de privatización, entonces de forma automática se “democratiza” el proceso de privatización, apropiándose los trabajadores “indirectamente” de las rentas monopólicas que pueda tener el sector.

En otros países

Este proceso en otros países ha demostrado ser exitoso, en Chile, los fondos de pensiones participaron en más del 75% de capital con el cual se privatizaron las compañías.

Es una gran oportunidad para los fondos de pensiones para participar indirectamente (via FIBRAS, CKD´s u otros instrumentos) en los procesos de inversión que requerirá la nueva administración. No descartando que puedan incluso ser partícipes de compra de instalaciones o negocios actuales de la CFE.

Es claro, que existe un trade-off entre la participación de los fondos de pensiones, democratizando indirectamente el capital y los posibles riesgos de invertir en activos que después no generen las rentabilidades deseadas, afectando las tasas de remplazo de los pensionistas.

Participación

De cualquier forma una participación “sumamente activa” por parte de los fondos de pensiones implicará un alto grado de especialización de sus managers en el sector eléctrico, aportando guía y no siendo inversores pasivos en las compañías. Consideramos que una participación con alto nivel de conocimiento por parte de los managers reducirá cualquier problema de agencia.

Un aspecto importante de la “democratización” en el capital del sector eléctrico en México es la posibilidad de crear mecanismos de supervisión que vayan más allá de los factores económicos, sino que permitan integrar otros elementos en la ecuación, tal es el caso de la calidad en el servicio, el diseño de los sistemas tarifarios y de subsidios, el desarrollo de la red y su cobertura, etc.

Es muy relevante que se alcance esta dualidad en la gobernanza del sector eléctrico, presionando por mayor competencia, eficiencia y rentabilidad, con otros aspectos que afectan de igual forma a todos los contribuyentes, como son aspectos de calidad de servicio y cobertura.

Fortalecimiento

Por lo anterior, es muy importante fortalecer no sólo la democratización del capital, sino también los procesos de toma de decisiones en el sector. Al respecto, en el artículo que publicamos en 2006, usamos algunos ejemplos exitosos, tal es el caso Inglés de Network Rail, donde se tiene un amplio consejo de gestión integrado por miembros de entidades especializadas, centros de estudios, sociedad civil, etc.

Hoy el reto es enorme, sin embargo, creo que es fundamental para el gobierno encontrar nuevos aliados. Los fondos de pensiones pueden ser el mejor socio del gobierno, ya que tienen una visión de largo plazo (por naturaleza), pueden ser un gran contrapeso a otros inversionistas y en el caso de que por naturaleza se generen rentas monopólicas, dichas rentas seguramente beneficiaran al grueso de los trabajadores a través de sus pensiones.

Será necesario establecer mecanismos de participación directa e indirecta más activos, sin embargo, es claro que este gobierno tampoco tiene muchas más opciones para construir la infraestructura eléctrica que México requiere.

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